Bachelet acusa a Maduro de negar la crisis que desestabiliza la región

Michelle Bachelet, la alta comisionada ante el Consejo de los DDHH de las Naciones Unidas, se reivindicó este miércoles al presentar un informe duro sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela que no hace presunciones ni pone en duda la responsabilidad directa del régimen de Nicolás Maduro.

En la reunión celebrada en Ginebra, la ex presidente de Chile expresó su preocupación por «la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual en Venezuela sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional».

Bachelet exigió a las autoridades venezolanas que «la misión de mi oficina en Venezuela tenga acceso total e irrestricto, y que no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado», dijo al referirse a sus enviados que están visitando cárceles y hospitales que han sido maquillados y no han tenido acceso a los presos políticos.

También cuestionó que las autoridades del gobierno de Maduro «se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes».

Reconoció que el reciente apagón que afectó a todo el país «ha agravado la situación. Este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país».

Igualo destacó que el sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, «lo que repercute considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna e infantil».

«Más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado», dijo.

También admitió que aunque esta «devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones puedan contribuir a agravar la situación económica».

Además señaló que le preocupa profundamente «la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas».

Mencionó que durante el auge de «las protestas en 2019 documentamos numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales».

Aseguró que «Investigamos las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad. En 2018, se informó de al menos 205 muertes atribuidas a las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales). Otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas».

Por último, manifestó su inquietud sobre el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela y las alegaciones de que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el odio para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes.

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