Brasil compró votos para llevarse las Olimpiadas

La votación que eligió a Río de Janeiro sobre Madrid para las Olimpiadas de 2016, puede haber sido comprada por dirigentes brasileños. Esa hipótesis puede confirmarse en la Lavacoches, la gigantesca operación anticorrupción de Brasil que el martes ordenó el bloqueo de los bienes de Carlos Arthur Nuzman, presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB), y uno de los principales estrategas de la campaña vencedora.

En una fase de la operación llamada «Unfair play» (juego sucio), la Fiscalía pidió el bloqueo de mil millones de reales, equivalentes a unos 270 millones de euros, del patrimonio del dirigente deportivo, y de los empresarios Arthur Cesar Soares de Menezes Filho, conocido como «Rey Arturo», y su exsocia, Eliane Pereira Cavalcante, que fueron presos.

Según los fiscales, el bloqueo sería para reparar los daños causados por los tres sospechosos que habrían comprado jurados, amañando la elección de Río de Janeiro como sede de las Olimpiadas. El bloqueo incluye pisos, joyas e incluso un jet privado.

Soares habría transferido 2 millones de dólares, provenientes de desvíos del entonces Gobernador de Río, Sergio Cabral (2007-14), al senegalés Papa Massada Diack, hijo del empresario Lamine Diack, para comprar los votos de miembros de las confederaciones africanas a favor de la ciudad brasileña. El dinero fue enviado a través de una empresa de Soares, Mattock Capital Group, con sede en las Islas Vírgenes. Cabral está preso desde el año pasado por corrupción.

A las primeras horas del martes la policía se presentó en la puerta de Nuzman, en el lujoso barrio Leblon, en Río de Janeiro, para buscar pruebas y llevarlo a un interrogatorio. Según las informaciones preliminares, Nuzman participó en la trama de compra de votos y habría realizado la conexión entre corruptos y corruptores.

En marzo, el diario francés «Le Monde» denunció que los brasileños pagaron sobornos tres días antes de la elección a directivos del Comité Olímpico Internacional (COI). La Fiscalía francesa ya investigaba el caso en un acuerdo de cooperación con Brasil y envió representantes a Brasil para seguir los interrogatorios y los confiscos.

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