¿Cómo afecta a España la aventura turca en Siria?

En diciembre del año año pasado el presidente Trump anunció que los yihadistas de Estado Islámico (Daesh por su acrónimo en árabe) habían sido derrotados territorialmente en su «califato», erigido en Irak y Siria. El mérito se atribuía en gran medida al valor de las milicias kurdo-sirias del norte, entrenadas y dirigidas por militares norteamericanos. Fiel a su peculiar planteamiento de la diplomacia norteamericana, Trump advirtió ya en diciembre de 2018 que comenzaría la retirada de los 2.000 militares que entonces operaban con los kurdos en el norte de Siria. La orden para la retirada final llegó hace pocos días, momento que aprovechó Turquía para lanzar su ofensiva militar al otro lado de su frontera con Siria. El propósito del ejército turco es aniquilar o al menos expulsar a las milicias kurdo-sirias de lo que Turquía denomina «franja de seguridad», para quebrar lo que considera «línea de aprovisionamiento de las milicias kurdo-turcas del PKK».

Más allá de la retórica pacifista, España y la UE se plantean dos dilemas ante la decisión belicista del presidente Erdogan. El primero se refiere a sus contratos militares. De momento, la UE ha decidido no adoptar una posición común y dejar que cada gobierno tome sus propias decisiones sobre un posible embargo de venta de armas a Ankara. El pretexto no es baladí ya que europeos y turcos siguen siendo aliados en la OTAN. La segunda objeción se refiere a los yihadistas de Daesh detenidos en Siria y bajo custodia de norteamericanos y kurdos. Trump ha pedido reiteradamente que los países de la UE acepten la repatriación de los que tienen pasaporte europeo ­-se calcula que unos 2.000, de los más de 11.000 presos-, para que sean juzgados en sus países de origen.

Muy pocas capitales europeas han aceptado repatriar a sus nacionales excombatientes en la yihad de Daesh. Y los que han vuelto, para asumir juicios por terrorismo, han sido muy pocos. La resistencia de los gobiernos europeos a investigar la situación de sus nacionales en los campos de detención del norte de Siria o en Irak guarda relación con el volumen de trabajo de sus servicios de inteligencia especializados en prevención de terrorismo yihadista. Por no hablar de la dificultad de acumular pruebas. Suele citarse el caso del británico Shabaz Suleman que testificó en la cárcel de Raqa. Suleman afirmó que empleaba su tiempo durante la yihad en «videojuegos y paseos en bicicleta», y fue imposible demostrar lo contrario.

Aún no existe un registro único europeo, ni de sospechosos en la UE ni de voluntarios de la yihad. Y el número de presuntos terroristas sometidos ya a vigilancia en Europa consume hoy todas las fuerzas. Son miles los salafistas controlados en Francia -el último ataque en la prefectura de policía de París demostró las carencias de esa labor- y suman centenares los vigilados en España desde los atentados en Madrid y en Barcelona. Pensar que ahora, en medio de la tormenta, Europa va a repatriar de las cárceles de Oriente Próximo a sus presuntos yihadistas es pensar en lo excusado, pese a las promesas de Borrell (cuando se refirió a las cuatro españolas apresadas) o de sus colegas de la UE. Solo cabe rezar para que los kurdos no se venguen de la traición de Occidente, abriendo las puertas de las cárceles. O para que, en caso de caer en manos del ejército turco, no se conviertan en moneda de cambio para Erdogan.

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