EE.UU. restringe el derecho al voto de millones de electores

La Decimoquinta Enmienda de la Constitución estadounidense reza así: «El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será denegado ni limitado por los Estados Unidos ni por ningún Estado por razón de raza, color, o condición previa de servidumbre». Y añade: El Congreso tendrá poder para aplicar este artículo por la legislación adecuada». Este y otros artículos constitucionales protegen el que se considera uno de los derechos más sagrados de un país que ha hecho de la democracia y las libertades su razón de ser. En la práctica, sin embargo, este derecho al voto se ve cercenado en diversos estados con normativas que impiden que millones de ciudadanos puedan participar en la elección de los cargos públicos que rigen sus destinos.

Ante las llamadas «midterm elections» de este martes, numerosas voces han vuelto a poner sobre la mesa este problema y en buena parte se lo atribuyen al interés de los republicanos de impedir que voten sectores de población que no les favorecen en las urnas, en especial la minoría afroamericana.

Para empezar, debe aclararse que, al contrario que en España, en Estados Unidos no hay un documento nacional de identidad que se presenta al depositar la papeleta en el colegio electoral. Allí no existe un carné estandarizado que certifique la ciudadanía ante las autoridades, sino que para identificarse se utilizan el permiso de conducir o la tarjeta de estudiante, por ejemplo.

En todo caso, la organización de las elecciones y la decisión sobre quién es apto para ejercer el derecho al voto corresponde a cada uno de los 50 estados de la Unión, aunque la convocatoria sea de ámbito nacional y los cargos en juego sean el presidente o el Congreso de los Estados Unidos.

De ahí que, dependiendo del estado de que se trate, el sistema electoral y los requisitos para poder votar varíen notablemente.

El caso de Carolina del Norte resulta ilustrativo. El parlamento de este estado aprobó en 2013 una legislación que establecía nuevos requisitos para poder votar, entre ellos la obligación de presentar un documento de identidad con fotografía en el punto de votación. La mayoría republicana en Carolina del Norte justificaba la medida en la necesidad de evitar el fraude. Pero en 2016 un tribunal federal tumbó la nueva normativa al entender que contenía restricciones al voto que «estaban dirigidas a los afroamericanos con precisión casi quirúrgica».

Más recientemente, otro juez obligó el pasado viernes al estado de Georgia a suavizar unas restricciones legales que podrían impedir que votaran más de 3.000 personas. En este caso, la normativa exigía que la identificación del votante debía coincidir exactamente con la información en los registros estatales, incluyendo signos como guiones o iniciales del segundo nombre de pila. La decisión judicial se considera un varapalo al secretario de Estado de Georgia y candidato a gobernador, el republicano Brian Kemp, que compite con la primera candidata afroamericana al cargo de uno de los grandes partidos, la demócrata Stacey Abrams.

Otros estados han adoptado medidas similares en los últimos años. Pero las restricciones de las posibilidades de ejercer el derecho al voto no solo afectan a la minoría afroamericana. En Dakota del Norte una tribu del pueblo «sioux» ha llevado a los tribunales al estado por una norma aprobada en 2016 que exige a los votantes presentar una forma de identificación que incluya su nombre legal, dirección exacta y fecha de nacimiento, lo que se ve como una dificultad para los nativos que viven en reservas o en áreas rurales donde no existe nombre de calles o las direcciones no son precisas.

Según la Unión Estadounidense por los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), 14 estados han establecido desde 2010 leyes que restringen el voto a través del documento de identidad.

Pero el del documento de identidad no es el único problema en relación al derecho al voto.

Presos sin derechos a voto de por vida
Varios estados despojan de este derecho a los condenados por delitos o incluso por faltas, algo que se remonta a la época de las llamadas leyes de Jim Crow, como se conoce la normativa de segregación racial que se aplicó en el Sur a partir de la segunda mitad del siglo XIX, tras la guerra civil. Según la ACLU, Florida, Iowa y Kentucky cuentan en la actualidad con políticas especialmente extremas de privación del derecho al voto, que se retira a los condenados de por vida, sin que puedan participar en las elecciones ni siquiera una vez en libertad. «Estos estados están entre aquellos que también reprimen desproporcionalmente el derecho al voto a la población negra. En Florida y Kentucky, señala esta organización, en torno a uno de cada cinco ciudadanos de esta minoría se le ha retirado el derecho al voto por una condena previa.

En España, el ingreso en la cárcel no implica la pérdida de otros derechos. El artículo 25 de la Constitución española establece que el «condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo [Título I. Capítulo 2º], a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria».

La ACLU denuncia que en EE.UU. se dificulta el ejercicio del derecho al voto no solo a minorías raciales, sino también a personas mayores, estudiantes y personas con discapacidad a través de las citadas leyes sobre el documento de identidad, pero también con el recorte del periodo del voto anticipado (en numerosos estados se puede empezar a votar semanas antes del día fijado para la elección) y las purgas en las listas de votantes.

Pero aún hay otro fenómeno que, aunque no afecta directamente al derecho individual a ejercer el voto, sí puede afectar al resultado final de unas elecciones. Se trata de lo que en EE.UU. se conoce como «gerrymandering», que consiste en el rediseño de los distritos electorales con el fin de que beneficien a un determinado partido.

La investigadora Carlota García Encinas, del Real Instituto Elcano, señala que, de acuerdo con algunos análisis, gracias a esta práctica los republicanos obtuvieron en media docena de estados una ventaja de alrededor de 17 escaños en la Cámara de Representantes, y se estima que los demócratas deberían ganar el voto popular por once puntos por encima de los republicanos para retomar la Cámara Baja. «Hay por tanto un riesgo real de que los demócratas ganen el voto nacional y pierdan la Cámara de Representantes», escribe en su blog.

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