El régimen de Maduro somete a tortura a los presos políticos en celdas clandestinas

Las celdas clandestinas han cobrado auge con el aumento de presos políticos en los centros de reclusión tradicionales. Ayer los familiares del ex ministro de Defensa, Raúl Baduel, denunciaron a ABC que al general lo habrían «desaparecido» o «secuestrado» probablemente en el Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa, en un calabozo clandestino de máxima seguridad, del que no hay ninguna confirmación oficial.

En esa misma situación de desaparecidos o secuestrados que el régimen mantiene a los detenidos opositores se encuentran o han pasado por esa experiencia varios diputados como Juan Requesens, Gilber Caro, y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Edgar Zambrano entre otros.

Las cárceles de los presos políticos en la capital venezolana deben estar colapsadas por el hacinamiento tras el anuncio del fiscal Tarek William Saab de ingresar 17 personas más. Más de 900 civiles y casi 200 militares recluidos en los centros del militar Ramo Verde, en los dos centros del Sebin: el Helicoide y la Tumba, y el Dgcim (División General de Contrainteligencia Militar) en Boleíta, noreste de Caracas. Adicionalmente existen las celdas clandestinas, incluida una nueva como la de máxima seguridad en Fuerte Tiuna.

El ex ministro Raúl Baduel, de 63 años, lleva 10 años preso sin justificación por haber sido crítico contra su propio compadre, el extinto presidente Hugo Chávez, no obstante haberlo rescatado de la intentona golpista del 2002. Su compadre lo condenó a 6 años de prisión por presunta corrupción no comprobada, que Maduro ha extendido indefinidamente.

Durante su presidio el general Baduel, un icono institucional de la Fuerza Armada, ha resistido la arremetida del régimen chavista primero en la cárcel militar de Ramo Verde, después en su casa por cárcel al cumplirse los 6 años, luego en la temida «Tumba» del Sebin y desde hace dos días en paradero desconocido.

Sin duda, el régimen teme su influencia en el ámbito militar y prefiere tenerlo incomunicado. Su hija Andreína Baduel dijo a ABC que a su padre lo trasladaron de La Tumba a un sitio desconocido y «ninguno de sus carceleros asume dónde se encuentra ahora. Unos lo niegan y otros confirman que ya no se encuentra en el Sebin. Esto es una desaparición forzada y un secuestro. Tenemos que estar recorriendo todas los centros penitenciarios para localizarlo y en ninguno nos dan una respuesta».

Su hermano Adolfo Baduel afirma que su padre está en el Fuerte Tiuna en una celda de máxima seguridad. El exministro de Defensa tiene 12 hijos, pero Andreina, la menor, sostiene que en el Fuerte Tiuna también lo niegan. «Durante mes y medio tuvieron incomunicado a mi padre y apenas lo pudimos ver la semana pasada. Lo vimos fuerte moralmente pero muy deteriorado físicamente». En el 2017 estuvo 23 día incomunicado.

En la caraqueña Plaza Venezuela funciona la torre de cristales negros del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y en sus sótanos existe la denominada, La Tumba, con siete celdas bajo cinco metros de profundidad sin luz ni ventanas donde torturan a los presos políticos. Sus bajas temperaturas de 10 grados centígrados del aire acondicionado y la falta de sol blanquean la piel, “ví a mi padre blanco y pálido”, dijo angustiada Andreina.

La existencia irregular e ilegal de celdas clandestinas para torturar a los opositores ha sido denunciada primero por Tamara Sujú, la directora del Instituto Casla, ahora embajadora venezolana ante Hungría del presidente interino Juan Guaidó.

Varios de los centros clandestinos de tortura son casas residenciales confiscadas al narcotráfico y otorgadas al DGCIM por el Ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol, dijo Tamara Sujú, Directora Ejecutiva del Instituto Casla.

Esos centros clandestinos, al igual que la sede del DGCIM en Boleíta, se han convertido en casas del terror para los venezolanos que han sido llevados allí. «Militares han sido colgados, golpeados, atados de pies y manos, encapuchados por días, tirados en el piso sin darles agua y comida», dijo Sujú.

«Funcionan desde hace tres años», dijo a ABC, el director de Provea, Marino Alvarado.

La ONG de Provea (Programa Venezolano de Educación y Acción en los Derechos Humanos) ha denunciado ante la Fiscalía General solo tres casos de detenidos que han sido sometidos en las celdas clandestinas. «Son controladas por los paramilitares de los colectivos chavistas que trasladan a los presos tapados con pasamontañas en la noche para que nadie los identifique».

Alvarado no tiene certeza de que los presos políticos hayan sido torturados, “bueno, agreden a los detenidos”, afirma al señalar que los trasladados son coaccionados para que no revelen lo que les hacen porque después sería peor. Los tres que se atrevieron a denunciar han sido reseñados ante la Fiscalía de Caracas.

El Fiscal General Tarek William Saab anunció ayer que han imputado a 38 personas, de las cuales 31 están detenidas por el intento de magnicidio contra Maduro el pasado 4 de agosto de 2018.

Por el levantamiento militar frustrado del 30 de abril, Saab indicó que existen 34 personas investigadas, de las cuales 17 se encuentran detenidas e imputadas.

El hacinamiento de presos políticos no justifica la existencia de centros clandestinos de tortura, afirma Andreina Baduel. La activista Lisbeth Añez, conocida como «Mamá Lis», coincide con la hija del ex ministro Baduel. «Vivimos en un estado de terror, a los presos los trasladan encapuchados de una cárcel oficial a una celda clandestina en la noche para que nadie los vea donde les meten terror para que no denuncien».

Mamá Lis estuvo 118 días presa en el 2017 por ayudar y apoyar a los jóvenes que protestaban. Dijo a ABC: «Sabemos que los presos políticos son torturados, la gente desaparece y después nos enteramos que habían sido trasladados a unas celdas clandestinas aislados durante varios días. Eso lo hacen para amedrentar y confundir. Si no los agreden entonces les aplican la tortura psicológica para quebrarlos».

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