El Supremo de EE.UU. respalda que los partidos dibujen el mapa electoral a su antojo

En la trastienda de la política estadounidense, fuera del foco, de la polémica urgente, del tuit agudo, de la foto con el bebé y del confeti de los mítines, hay asuntos que afectan de lleno al reparto de poder. Uno de los más decisivos es el «gerrymandering», un concepto ajeno a otros sistemas democráticos pero que en EE.UU. hace ganar o perder elecciones y al que el Tribunal Supremo le acaba de dar un espaldarazo.

El «gerrymandering» es la práctica por la que los estados del país cambian las circunscripciones electorales para tener un mejor resultado político. Los estados tienen circunscripciones para sus órganos legislativos estatales y para los representantes que manda a la cámara baja del Congreso. De cada circunscripción sale un legislador. Cada diez años, los estados pueden redibujar las líneas de esas circunscripciones. En teoría, para reflejar mejor el peso demográfico y geográfico del estado. En las últimas ocasiones, se ha hecho con el único objetivo de ganar más poder político. Por ejemplo, se crea una circunscripción con el máximo número de votantes del partido opuesto, para que en otros distritos tu partido gane con más facilidad. O se busca ‘robar’ votantes opuestos de otras circunscripciones para que tengan menos poder en las que les debería tocar. Un ejemplo es el área metropolitana de Chicago, dibujada como trozos de pizza, para que la fuerte concentración de votos urbanos -más cercanos a los demócratas- compense a los votantes suburbanos -más favorables para los republicanos-.

Decisión ajustada
En una decisión ajustada, con una mayoría de 5-4, el Supremo ha decidido que no es competencia de la justicia tratar reclamaciones que tengan que ver con la reconfiguración de los distritos electorales. El dictamen es un espaldarazo para los republicanos, que dominan con solvencia la mayoría de las asambleas legislativas estatales y que podrían cimentar su poder el año que viene. El «gerrymandering» se hace cada diez años, en coincidencia con la elaboración del censo nacional, donde se determina el peso demográfico de cada estado, lo que después se utiliza para equilibrar el número de legisladores de cada estado en la Cámara de Representantes.

En la actualidad, los republicanos controlan los órganos legislativos de 30 de los 50 estados del país, una situación que se benefició de sus buenos resultados electorales en 2010, en coincidencia con el censo de ese año, que les permitió redibujar muchos mapas de circunscripciones a su antojo, y que se reforzará con el censo del año que viene.

El «gerrymandering» no es solo una cuestión de republicanos, también los demócratas se han aprovechado de ese poder en estados que controlan. De hecho, hasta el Supremo habían llegado dos casos de reconfiguración drástica de los distritos, uno en un estado demócrata, Maryland, y el otro en uno republicano, Carolina del Norte. En este último, el «gerrymandering« permitió que de los trece legisladores que el estado manda al Congreso, diez fueran republicanos (77%), a pesar de que los votos obtenidos fueron solo el 53%.

El bloque conservador del Supremo se mostró en contra de juzgar esta práctica, lo que supondrá un empuje en las opciones republicanas para cimentar su poder en los estados y para recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes tan pronto como 2022, cuando los nuevos distritos entren en juego. La decisión fue posible gracias a que el juez John Roberts, en teoría el juez bisagra entre conservadores y liberales, votó con los primeros.«Son cuestiones políticas que van más allá del ámbito de los juzgados federales», dijo sobre su decisión, a pesar de reconocer que que «el excesivo partidismo en el diseño de los distritos provoca resultados que parecen razonablemente injustos». Los cuatro magistrados liberales lamentaron la decisión y criticaron que el Supremo no remedie «la creciente manipulación partidista» de las elecciones y que diga que no puede hacer nada «ante una reconocida violación constitucional».

La postura del Supremo será una de las cuestiones que los candidatos demócratas a la presidencia utilizarán en sus campañas, como una muestra de la necesidad de un presidente que revierta el giro pro republicano que el alto tribunal ha dado con la llegada de Trump al poder.

Decisión sobre censo
El mismo día, el Supremo también tomó otra decisión, esta vez relativa a la elaboración del censo nacional. En este caso, sin embargo, dictaminó en contra de los intereses del Gobierno de Donald Trump, que buscaba incluir en el formulario que deben rellenar los estadounidenses para la elaboración del censo una pregunta sobre su ciudadanía.

La oposición demócrata y algunas organizaciones de derechos civiles habían protestado sobre el impacto que podría tener en las respuestas de inmigrantes indocumentados y su entorno, aunque tuvieran papeles, y en la exactitud del censo.

El Supremo no rechazó frontalmente incluir la pregunta en el censo, pero sí pidió que se diera un mejor explicación a la pertinencia de la inclusión. Sin embargo, no está claro que el plazo para la elaboración del censo lo permita. Trump salió al paso de la decisión: «He pedido a los abogados si pueden retrasar el censo, no importa cuánto tiempo, hasta que el Tribunal Supremo tenga información adicional para que tome una decisión final en un asunto crítico», dijo antes de criticar que un país como EE.UU. no pueda preguntar a los censados «una pregunta básica sobre ciudadanía».

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