Los diputados pro-democráticos impiden a la jefa de Hong Kong hablar en el Parlamento

Tras el asalto el 1 de julio por miles de manifestantes que provocaron cuantiosos destrozos, el Parlamento de Hong Kong reabría este miércoles con el discurso de la jefa ejecutiva del Gobierno, Carrie Lam, inaugurando la nueva legislatura. Después de cuatro meses de protestas reclamando democracia, se temía que no pudiera hacerlo por una nueva manifestación multitudinaria a las puertas del Consejo Legislativo (Legco). Pero quien finalmente se lo ha impedido han sido los diputados del denominado «bando democrático», que han interrumpido el inicio de su mensaje en dos ocasiones e incluso se las han ingeniado para proyectar detrás de la tribuna de oradores un mensaje con sus reivindicaciones: «Cinco demandas, ni una menos». Tras la retirada de la ley de extradición a China, que desató estas protestas en junio, entre ellas destacan una comisión independiente que investigue el uso de la fuerza policial, el sobreseimiento de las causas por «revuelta» para los más de 2.200 detenidos y el sufragio universal.

De todo esto iba a hablar Carrie Lam ante los diputados. Pero, debido a las insistentes protestas, la sesión fue suspendida a los pocos minutos. Entre gritos de dimisión, Lam abandonaba la Cámara escoltada por sus guardaespaldas
. Media hora después, el Gobierno emitía el vídeo con su discurso, que había grabado en previsión de que no pudiera pronunciarlo en el hemiciclo.

Flanqueada por las banderas de China y Hong Kong, y con el mismo vestido que llevaba en el Parlamento, Lam empezó condenando la violencia que ha estallado en estos cuatro meses, en los que ha habido 400 protestas que han dejado 1.100 heridos, algunos de bala en los enfrentamientos con la Policía. «La gente se pregunta: ¿volverá Hong Kong a la normalidad? ¿Es Hong Kong todavía un lugar donde vivir en paz?», se cuestionó Lam, quien marcó las «líneas rojas» de su Gobierno. Estas son el principio de «un país, dos sistemas» vigente desde la devolución a China por parte del Reino Unido en 1997, el imperio de la ley, la separación de poderes y la lucha contra la independencia.

«En los 22 años desde que Hong Kong volvió a la madre patria, (el principio de) ˝Un país, dos sistemas˝ ha demostrado ser el mejor para asegurar la prosperidad y estabilidad a largo plazo», aseguró Lam, quien dejó claro que «no se tolerará ningún acto que abogue por la independencia y amenace la soberanía del país, su seguridad y desarrollo».

La vivienda, el asunto más duro
Para calmar la revuelta, recordó la plataforma de diálogo que abrió hace un mes con distintas fuerzas sociales y anunció nuevas medidas económicas. «La vivienda es el asunto más duro al que se enfrenta la sociedad de Hong Kong. Es también una fuente de quejas públicas», reconoció antes de anunciar la construcción de 10.000 apartamentos de protección oficial en tres años y la venta a sus inquilinos de 42.000 pisos públicos de alquiler.

Frenta a las demandas políticas, Lam respondió en esta especie de discurso sobre el Estado de Hong Kong con 200 iniciativas de índole económico y social, como mayores subsidios para el transporte y los estudiantes e infraestructuras como centros de salud y nuevas líneas de metro. En agosto, el Gobierno ya anunció un plan de estímulo de 19 billones de dólares de Hong Kong (2,1 billones de euros) para calmar la agitación social y paliar el fuerte impacto económico de las protestas. Con la caída del turismo y el cierre de hasta un centenar de restaurantes, todo apunta a que la ciudad caerá en recesión en el tercer trimestre.

«Hong Kong se enfenta a su reto más serio desde 1997 pero, cuando acabemos con la violencia, veremos el arcoíris después de la tormenta», concluyó Lam con optimismo su discurso, de unos 50 minutos. Pero, para su desgracia, coincidió con la aprobación durante la noche anterior en el Congreso de Estados Unidos del Acta por los Derechos Humanos y la Democracia en Hong Kong. Dicha regulación, que aún debe ser aprobada por el Senado, insta al Gobierno del presidente Trump a condicionar el trato comercial preferente que concede a la antigua colonia británica al respeto del régimen chino a sus libertades, mayores que en el resto del país. Una medida que las autoridades de Hong Kong y Pekín ya han criticado al tildarla de «injerencia externa».

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