Los militares de Brasil lanzan un mensaje contra «la impunidad» de Lula de Silva

A seis meses de las elecciones presidenciales, el plenario de la Corte Suprema brasileña se reúne este miércoles para el llamado «Juicio Final». Se trata de la vista para decidir si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva puede ser encarcelado después de su condena en segunda instancia por corrupción pasiva y blanqueo de fondos, o si puede seguir apelando en otras instancias para tratar de probar su inocencia. Los militares terciaron horas antes para advertir contra su «impunidad».

El futuro político del líder de la izquierda brasileña, que encabeza todos los sondeos con un 36% de las preferencias para la elección general de octubre, ha dividido al país y a los magistrados sobre el «habeas corpus» presentado por la defensa del expresidente, basado en un precepto de la Constitución según el cual cualquier brasileño tiene derecho a defenderse hasta la última instancia, invocando el principio de la presunción de inocencia.

Los abogados de Lula, dirigidos por el expresidente de la Corte Suprema Sepúlveda Pertence, cuestionan la decisión de ese tribunal, tomada en 2016, que creó una nueva jurisprudencia que permite llevar a la cárcel al acusado que tenga su condena ratificada en la segunda instancia judicial, que es el caso del político, sentenciado a doce años y un mes de prisión por los jueces de la «Operación Lavacoches».

Manifestantes partidarios y detractores de Lula da Silva aguardan con atención la decisión en las principales capitales brasileñas, transmitida en vivo por un canal de televisión pública y a través de internet.

El primero el pronunciarse fue el magistrado ponente, Edson Fachin, que votó a favor de que entre en prisión.

Manifestaciones a favor y en contra
Un día antes de la votación, decenas de miles de personas de grupos a favor y en contra del expresidente salieron a las calles para mostrar de qué lado estaban y presionar los argumentos de los magistrados de la corte.

En la avenida Paulista, principal marco de las manifestaciones públicas en Brasil, la protesta fue encabezada por los opositores a Lula, que pedían su prisión en nombre de la lucha anticorrupción. Los movimientos apoyan a los jueces que se han destacado en los cuatro años de la «Operación Lavacoches» encabezada por el juez de primera instancia Sergio Moro.

Para este grupo, el «habeas corpus» del primer presidente del Partido de los Trabajadores (PT) representa la estrategia de quien puede pagar por buenos y caros abogados en un trámite al que los más pobres no pueden acceder. De otro lado, la militancia de izquierda, que defiende la inocencia de Lula, el expresidente está siendo víctima de una campaña para impedir que sea candidato, en un escenario político en que es favorito, con buena ventaja sobre el segundo, el outsider de extrema derecha, Jair Bolsonaro.

Manifestantes piden en Sao Paulo la entrada de Lula en la cárcel

Afp
Para el grupo de Lula, que se reunió con los principales nombres de la izquierda en Río de Janeiro, la «Operación Lavacoches» persigue al petista, mientras que no juzga a los políticos líderes de otros partidos, como el excandidato presidencial socialdemócrata, Aecio Neves, o el actual presidente, Michel Temer, que se enfrenta a una tercera ronda de denuncias de corrupción desde que asumió el cargo, hace poco más de un año. «No acepté la dictadura militar y no aceptaré la dictadura del Ministerio Público y de Moro», arengó el propio Lula a los suyos.

Los ecos de la dictadura militar
La tensión entre los brasileños ante la decisión de los jueces se sintió claramente el martes por la noche, víspera de la votación, cuando el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, dijo «compartir la voluntad de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constitución, la paz social y la democracia», según publicó en Twitter. La frase dicha por un militar y leída al final del noticiero más seguido del país, encendió la hoguera con los ecos de la dictadura militar.

Un decreto de 2002, firmado por el expresidente Fernando Henrique Cardoso, prohíbe las manifestaciones públicas de militares sobre política sin autorización previa. La declaración de Villas Boas, apoyada por colegas, cayó mal entre políticos y el Gobierno de Michel Temer, provocando también a los militantes del Partido de los Trabajadores, que acusaron un intento de golpe.

Especialistas en jurisprudencia discuten aún si Lula, de 72 años, podrá ser encarcelado y a partir de qué momento. Por otro lado, está sobre la mesa el difícil debate sobre la posibilidad de que sea candidato, dada la complejidad de las leyes brasileñas y sus interpretaciones. De momento, Lula ya sería inelegible después de la segunda condena, a partir de la ley Ficha Limpia, pero su candidatura también puede ser aprobada por el Tribunal Superior Electoral, si sus abogados y el PT apelan a la corte.

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