“Los valencianos no somos más corruptos, pero los corruptos de aquí han sido muy osados”

JOSÉ LUIS OBRADOR

  • La Comunitat Valenciana pone en marcha una oficina antifraude que estará formada por 30 funcionarios y perseguirá el germen de la corrupción.
  • El Consell aprueba este viernes su primer presupuesto, de 1,5 millones de euros.
  • Su misión será evitar delitos en todas las administraciones públicas y, si se producen, llevarlos a los tribunales.
  • Contempla sanciones de 30.000 a 400.000 euros por negar información, dificultar investigaciones o realizar denuncias falsas.
  • Su recién elegido director, Joan Antoni Llinares, destaca la protección al denunciante y explica que habrá un buzón para denuncias anónimas.

Nacido en Alzira (València) en 1953, Joan Antoni Llinares Gómez ha sido designado por el Parlamento valenciano, sin ningún voto en contra, para dirigir la recién creada Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. Este abogado vuelve a su tierra tras destapar casos de corrupción en Cataluña. Anteriormente fue miembro del equipo fundador del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) en 1988, donde tiene su plaza en excedencia y trabajó en tareas jurídicas y administrativas durante 13 años. Después se fue a Barcelona para desempeñar puestos en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (2001-2009) y en el Palau de la Música, que gestionó tras el escándalo de Millet. También ha sido gerente de la editorial Bromera. Su último cometido antes de volver a València ha sido la dirección de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona que preside Ada Colau.

¿Cuáles son los planes más inmediatos de la nueva Agencia Antifraude?
La primera expresión de la puesta en funcionamiento fue mi nombramiento y toma de posesión hace un par de semanas. Lo siguiente es desarrollar los aspectos de la ley que le permitan empezar a andar a partir de tener un presupuesto y una plantilla propios. En ello es en lo que estoy ahora. Si todo va bien, el primer presupuesto de funcionamiento lo aprobará este viernes el pleno del Consell, y en los años sucesivos lo harán Les Corts.

¿A cuánto ascenderá?
A un millón y medio de euros. Con ello podré empezar a hacer una primera selección de urgencia de funcionarios con los que poder poner en marcha los aspectos logísticos, muy vinculados a la gestión y a la asistencia jurídica, para a continuación hacerlo con los puestos de naturaleza de análisis y de investigación.

¿Cuántas personas serán necesarias para funcionar?
Con la Agencia completamente desarrollada, alrededor de 30 personas, teniendo en cuenta de que una parte de esta plantilla se dedicará a la gestión económica, de personal y presupuestaria. La Agencia tendrá autonomía completa. A final de año, con el presupuesto inicial, podría cubrirse más de la mitad de la plantilla.

¿Existen agencias de este tipo en otros lugares?
No es algo nuevo. La existencia de las agencias contra el fraude y la corrupción se planteó en la Unión Europea en 1999 con la creación de la Oficina de la Lucha contra el Fraude (OLAF). Tiene un ámbito de actuación en toda la UE para controlar e investigar sobre el correcto uso de los fondos europeos. También la ONU, viendo el caudal de recursos que se perdían por la corrupción, planteó la necesidad de que los Estados crearan organismos especializados. Francia tiene su oficina de lucha contra el fraude, Cataluña hace 10 años creó la primera en España y ahora se está avanzando en Baleares y Andalucía.

“La corrupción engaña a los sistemas de control tradicionales”

¿Es más necesaria una agencia contra la corrupción en la Comunitat Valenciana que en otros territorios?
No, tan necesaria es aquí como en Madrid o Baleares, Extremadura o Galicia. Es una necesidad porque la corrupción se ha acostumbrado a sortear y a engañar a los sistemas de control tradicionales, que no llegan a detectar las metodologías tan sofisticadas y desarrolladas que han tenido las estructuras corruptas, los grupos incrustados dentro de la Administración que se aprovechan del poder que tienen, como ha demostrado la realidad tan brutal que hemos conocido. Han detectado muy poco y a veces nada, y cuando lo han hecho  no han tenido medios para poder profundizar, quedándose a veces la Administración en una inactividad cuando lo debían haber atajado.

¿La inactividad es solo de la Administración o también de la Justicia, de la Fiscalía…?
Son cuestiones diferentes. A la Justicia llegan solo los casos en los que los indicios de los delitos son manifiestos, y porque alguien los ha denunciado. Lo que las agencias antifraude se plantean es que los comportamientos se puedan considerar delictivos desde mucho antes, irregularidades administrativas que, de mantenerse o de repetirse, entrarían dentro de posibles tipos delictivos o no, pero que suponen un mal funcionamiento de la Administración. En esta fase preventiva es donde tienen el campo de actuación y competencias la Agencia valenciana y el resto de oficinas antifraude. Cuando, del resultado de una investigación detectemos conductas delictivas, pondremos toda la información y documentación a disposición de la Justicia, a la que ayudaremos en todo aquello que se pueda plantear.

¿El trabajo de la Agencia es evitar esas conductas?
Sí, es precisamente prevenir que puedan desarrollarse conductas fraudulentas o corruptas. ¿En qué consisten? En el uso del poder público para beneficios particulares propios o de terceros. Se trata de evitar que eso se produzca y de que esas conductas enraícen. Ese es el carácter profiláctico de la Agencia.

La ley por la que se crea la Agencia valenciana tiene un régimen sancionador. ¿Qué conductas concretas castigará?
Son pocas. Esencialmente es la negativa a entregar documentación o información solicitada por parte de directivos y responsables de la Administración, empresas o entidades públicas, dificultar el trabajo de la Agencia o entregar información falsa (aquí se incluiría la falsa denuncia, que es un delito en sí mismo y se trasladaría a la Justicia) y finalmente actuar contra aquellos que tomen represalias contra los funcionarios que denuncian conductas fraudulentas.

¿De qué importes estamos hablando?
La ley otorga a la Agencia potestad para abrir expediente sancionador contra aquellos que tengan esas conductas, que están calificadas muy graves. Las sanciones pueden ir de 30.000 a 400.000 euros.

Una ley innovadora

¿Qué aspectos destacaría de la ley valenciana antifraude?
El hecho de que la ley haya desarrollado la figura del informador y su protección es una de las cuestiones más innovadoras a nivel de Estado español. El Estado todavía no tiene una ley que proteja al denunciante. Una cuestión es la denuncia anónima y otra el denunciante que plantea la denuncia y luego puede ser víctima de represalias o mobbing. La ley aquí nos permite actuar de forma muy contundente y otorga al denunciante el derecho a permanecer en su puesto de trabajo, a que no se interrumpa su carrera profesional, a que no se dificulten ascensos, y también permite que, si se siente en una posición incómoda donde ha denunciado, cambiar de puesto de trabajo sin pérdida de derechos. Esto es lo que se debería haber hecho hace mucho tiempo con funcionarios que han permitido detectar tramas.

¿Se fomentarán las denuncias anónimas?
Uno de los objetivos de la Agencia es establecer los medios tecnológicos para que aquellas personas que no se atreven a denunciar con su propio nombre puedan dirigirse de forma anónima y enviar documentación. Pero con este tipo de denuncias hay que establecer mecanismos también de prevención y solo cuando se verifica que aquello que se denuncia tiene los elementos suficientes para dar credibilidad se comenzará a actuar. La Agencia aceptará la fórmula del denunciante y propiciará a través de un medio como el Buzón Ético que creamos en Barcelona, para que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la Agencia desde su ordenador o teléfono sin tener que identificarse, pero con las garantías para que solo se acepten las denuncias cuando haya elementos de credibilidad y autenticidad. A partir de ahí, el procedimiento será como cualquier otro con identificación del denunciante.

¿Qué ámbito tiene la Agencia valenciana anticorrupción?
Abarca desde el sur hasta el norte de la Comunitat Valenciana y desde el este al oeste todas las administraciones, sea local, autonómica, servicios públicos, empresas que los gestionan… Es un ámbito de actuación muy amplio.

¿Considera suficiente el plazo de seis meses ampliable a otros seis que da la ley para las investigaciones?
Sí, una vez estemos con los medios previstos, con seis meses se puede terminar una investigación y, si es muy compleja, habrá que ampliar el plazo.

La Agencia necesitará sigilo en sus investigaciones. ¿Cómo se compatibilizará eso con la transparencia que debe caracterizar la lucha contra la corrupción?
La ley exige a la Agencia el sigilo y la confidencialidad de todas sus actuaciones. En principio, por la eficacia de la propia investigación y por la protección de aquellas personas que se puedan ver involucradas y las que estén ayudando a la propia investigación. Hay obligación de presentar una memoria anual ante Les Corts sobre sus actuaciones. Aquí habrá que combinar que se tenga la máxima información y a la vez la protección de aquellos hechos que estén en sede judicial. La Agencia no puede trabajar en secreto porque su obligación es rendir cuentas. Es un equilibrio muy complejo.

Los escándalos de corrupción en València y en España

¿Son los valencianos más corruptos que el resto de los españoles?
No. Estoy cansado de decirlo. He tenido que ver algunos casos en Cataluña, algunos muy directamente como el del Palau de la Música, la institución más señera y simbólica, que fue escandaloso. Pero comprobé que aquello ocurría porque sencillamente representaba un modus operandi en la manera de funcionar de la Administración de Cataluña en una determinada época. El famoso 3% de la época de Jordi Pujol se canalizaba mediante sistemas como el que se vio reflejado en el Palau. En los 14 años que estuve en Cataluña era un continuo saltar de casos. En cada territorio hay. Si vamos a Andalucía vemos desde los ERE, el más espectacular, hasta el Ayuntamiento de Marbella de Gil y Gil. Si nos vamos a Madrid está la cuna de Gürtel y de tantísimos otros casos. Para mí la pregunta es por qué València ha tenido esa relevancia. Creo que se ha producido un especial si no ensañamiento sí una toma como paradigma. En Baleares ha desaparecido un partido como Unió Mallorquina, con encarcelamientos, y parece que en Baleares no haya pasado nada o haya sido muy poco.

¿Y a qué achaca la relevancia de València?
No alcanzo a entenderlo. Evidentemente hemos tenido casos y ha sido brutal, pero no han sido más que en otras partes del Estado español.

¿Quizá porque una hubo una concentración de casos que saltaron antes?
Sí, aquí ha habido una investigación muy buena por parte de las fiscalías, ha habido denuncias que han permitido que esto se destapara y creo que además también por la osadía de los corruptos. Los corruptos en otros lados buscan una cierta discreción y aquí han sido muy osados. Tenemos casos de actitudes chulescas y de regodeo con lo que han hecho. Hemos tenido al conseller Blasco que era portavoz en el parlamento cuando ya había denuncias, que maltrataba a los medios de comunicación cuando intentaban publicar algo con una actitud de prepotencia… A lo mejor ese es el componente donde está el hecho diferencial valenciano respecto a las conductas similares en intensidad y en cantidad que se han producido en otros sitios.

¿Eso va ligado a la sensación de impunidad, de que los controles no funcionaban?
Sí, ellos hacían todo lo que hacían y nadie les enmendaba. Los teóricos controles eran ineficaces y no trascendían. Se quedaban en la mera constatación, lo cual todavía refuerza más la impunidad. Saben lo que estoy haciendo y no pasa nada, con lo cual sigo haciéndolo y duplico. Esta sensación de impunidad que han tenido los corruptos, unida a la prepotencia de algunas personalidades, han generado un factor de mayor rechazo, incluso mediático. Por ahí podría venir este sambenito que llevamos encima los valencianos, que aparecemos como la tierra de la corrupción, como si los otros territorios fueran tierra de honestidad absoluta. A la realidad de los más de 800 casos de corrupción que hay abiertos en todo el Estado me remito.

¿Ha salido toda la corrupción que hay o queda más?
Hablar de la corrupción en pasado es peligroso. La corrupción la puedes estar teniendo dentro porque hay muchos órganos con poder, no solo los políticos, sino muchos ámbitos con poder real en materia de contrataciones, subvenciones, nombramientos… Se trata de investigar qué mecanismos se llevan a cabo para que cargos públicos que están en condiciones de altos niveles laborales, salariales, de estabilidad económica y de consideración social acaban robando la recaudación para niños que han sufrido un terremoto en Haití. Es tremendo. Esa es una de las cuestiones que a mí me generan una cierta obsesión, qué mecanismos se ponen en marcha, y eso que ha ocurrido puede estar sucediendo en cualquier momento si no tenemos los medios para controlar que personas con ese grado de desviación o degradación puedan cometer o repetir conductas de esta naturaleza.

¿Cuál es su propuesta en este ámbito?
El planteamiento es que la sociedad se tiene que armar éticamente. La educación no puede continuar centrada en que el dinero está por encima de cualquier cosa. Hemos de tener lo que sale de nuestro trabajo y punto. La administración pública debe armarse de estructuras que impidan, eviten y cuando se produzcan castiguen estas actitudes. La gente tiene que estar tranquila con que sus impuestos se estén gastando en lo que tocan y no en desviaciones para intereses particulares.

¿Diría que quedan más casos de corrupción por salir, una etapa como la que hemos vivido?
No puedo decir que quedan más casos porque entonces tendría que conocer los casos. Lo que sí puedo decir es que nada impide que las pautas y las conductas que hemos conocido hasta ahora se puedan estar repitiendo o manteniendo.

Lo deben impedir, teóricamente, instituciones como la que está poniendo en marcha.
El armazón ético e institucional es fundamental. Porque si se sale de la crisis y se vuelve a las andadas con un urbanismo como el que tuvimos, donde el circular de maletines era lo que determinaba donde se construía y dónde no, volveremos al origen de todo el desastre económico que hemos vivido. La Comunitat Valenciana se ha quedado sin estructuras financieras propias por culpa de todo aquello, y la deuda se le ha traspasado al poder público. La deuda del Estado español se multiplicó por culpa de todo aquello porque ha habido que absorber todos los agujeros y desfalcos generados a través del mundo financiero. Veo indicadores de que da la sensación de que haya gente dispuesta a volver a burbujas inmobiliarias y a comportamientos de ese tipo y de ahí la necesidad de que haya estructuras que condicionen estas conductas.

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