Más de 700.000 firmas para anular la sentencia de la abogada iraní condenada a prisión y latigazos

La abogada y activista iraní Nasrin Sotoudeh fue sentenciada el pasado 11 de marzo a 33 años de cárcel y 148 latigazos, acusada de siete cargos distintos entre los que figuran «incitar a la corrupción y la prostitución» y «cometer abiertamiente un acto pecaminoso». «Corrupto» y «pecaminoso» son conceptos escurridizos, propios en un sistema judicial donde la religión dicta la ley y poco oportunos para calificar la lucha de una mujer que se bate en defensa de otras mujeres, ya sea combatiendo la obligatoriedad de portar el hiyab, un tipo de velo islámico de uso forzoso en el país de los Ayatolás desde la revolución islámica de 1979, o los derechos de las niñas, con un Código penal que contempla que las menores, antes de la mayoría de edad, pueda ser condenadas como si fueran adultas.

«Nasrin ha estado toda su vida trabajando no solo a favor de las mujeres, sino también contra la pena de la muerte de las menores. En Irán, esperan a que la rea cumpla los 18 años para ejecutar la pena, pero incumplen los convenios de protección de la infancia», explica al otro lado del teléfono Reinhard Lamsfuss, activista iraní y miembro de Amnistía Internacional.

«La condena de Nasrin -denuncia Yolanda Vega, también de Amnistía Internacional- es un castigo cruel, inhumano y totalmente contrario al derecho internacional». «Aunque ella tiene derecho a apelar la sentencia, a plantear un recurso, ha decidido no hacerlo, porque considera que el juicio es injusto y que hacerlo sería como legitimar el proceso», añade. En ese sentido, puntualiza Lamsfuss: «A Nasrid la acusan de fomentar la prostitución por defender a las mujeres que no llevan el velo islámico. También tiene cargos por actuar contra la autoridad nacional y hacer propaganda contra el sistema. El ejercicio de su represión es lo que le enfrenta a sufrir represalias».

Ante el caso de Nasrin, Aministía Internacional ha decidido poner en marcha una campaña de firmas para exigir al Líder Supremo de Irán, Ali Jamenei, su liberación inmediata, y la anulación de la setencia. Por el momento, unas 163.000 personas han apoyado con su rúbrica esta iniciativa en España, y alrededor de 700.000 en todo el mundo. Los gestos se han multiplicado durante las últimas semanas en varios países. Sin ir más lejos, París concedió ayer el título de «ciudadana de honor» a la abogada, como celebró la alcaldesa, la socialista Anne Hidalgo, a través de un mensaje en la red social Twitter.

Movimiento vigoroso
No solo Nasrin Sotoudeh enarbola la causa feminista en Irán. Otras mujeres, como Shirin Ebadi, ganadora del Nobel de la Paz en 2003, Mansoureh Shoja, luchadora contra las leyes sexistas y hoy exiliada, mantienen vivo ese movimiento vigoroso y contestatario, que no se desinfla y se traduce un desafío permanente a la rigidez política que impone el fundamentalismo.

«Lo que más se observa es la desobediencia civil en la calle, vinculados a la negativa a llevar velo público. Desde el año pasado, hay cada vez más mujeres que se lo quitan en la calle. Eso conlleva represalias, condenas de prisión que llegan hasta los 20 años», explica Lamsfuss. «Masih Alinejad es la activista principal, aunque está en el extranjero. Las mujeres le mandan los vídeos que graban en la calle, y que luego se publicar en Twitter con una etiqueta, “#mycameraismyweapon”, “mi cámara es mi arma”. Una de las clientes de Nasrin es Shaparak Shajarizadeh, que se quitó su velo blanco, lo puso en un palo e hizo una foto. La condenaron a 20 años de prisión, pero huyó del país y ahora está en Canadá», señala.

Tanto Vega como Lamsfuss recuerdan que las mujeres que se atreven a rebelarse en las calles se exponen a insultos y represalias de la «policía de la moral», conocida porque sus integrantes, en algunos de los incidentes que han trascendido, golpean a las iraníes por hechos como no llevar bien anudado el hiyab. No son los peores incidentes posibles. En otros casos, «hay ataques con ácido contra mujeres, perpetrados por personas contrarias a que tengan sus derechos. No se encuentra a los culpables ni hay condenadas. Hay una impunidad clarísima, y contrasta con las penas de cárcel que sufren las activistas».

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