May y Corbyn abren el diálogo directo pero con escasos resultados

Theresa May y Jeremy Corbyn no sacaron ayer nada en claro en la primera toma de contacto entre ambos para tratar de desencallar el Brexit. La reunión entre la primera ministra y el líder de la oposición fue «útil pero no concluyente» según el laborista, y «constructiva» según un portavoz de la «premier». Lo único acordado en el encuentro, como confirmaban desde Downing Street, fue la formación de un grupo de trabajo conjunto en el que las conversaciones serán constantes. De hecho, ayer por la noche continuaron y hoy durante toda la mañana May y Corbyn se volverán a reunir para tratar de consensuar una postura común con la que salir con un acuerdo de la UE y evitar el precipicio de una salida abrupta el próximo 12 de abril. Acorde a lo difundido desde el Gobierno de May ambas partes «mostraron flexibilidad» y se comprometieron a «poner fin a la actual incertidumbre de Brexit».

Fue Corbyn el que desveló los detalles de esa reunión y aseguró a la salida de ese encuentro que no se avanzó lo suficiente. «No ha habido tantos cambios como yo esperaba» aseguró el líder de la oposición. Además, confirmó que el escenario del no acuerdo no estuvo sobre la mesa en ningún momento y que fue el quien habló sobre la posibilidad de un segundo referéndum. La reunión de ayer se centró, sobre todo, en acercar posturas y en elementos especificos cómo garantizar los estándares medioambientales europeos y los derechos de los trabajadores.

La postura del laborismo parece clara, obligar a May a virar hacia una relación más cercana con la UE una vez Reino Unido abandone el club comunitario. A ese escenario parece abocado ahora el proceso y el mecanismo sobre como llevarlo a cabo es clave para la primera ministra. Su partido se encuentra completamente dividido y las críticas hacia su persona por mantener estas conversaciones con Corbyn no han dejado de arreciar en las últimas horas.

Presiones internas
La posibilidad de una unión aduanera común parece ahora la opción más probable, aunque desde el Gobierno se buscaría, según la prensa británica, denominarla de otra forma para no enfurecer aún más a los, muchos, diputados tories que rechazan ese escenario. El propio Corbyn confirmaba que esta es la principal petición de su grupo de cara a conseguir un acuerdo que llevar al Parlamento. Para alcanzar eso, May fue clara y volvió a reiterar a su vez que sin aprobar antes el Acuerdo de Retirada no se puede modificar esa Declaración Política, que determina la futura relación con la UE.

May no fue la única que tuvo que sufrir las presiones de sus diputados por el encuentro con el líder de la oposición. El propio Corbyn vio como durante la mañana prominentes parlamentarios de su bancada le intentaban imponer condiciones para sentarse en la mesa de diálogo con la primera ministra. La más importante de todas, la de mantener la celebración de un segundo referéndum sobre la mesa y que sea la ciudadanía la que decida en última instancia si da el visto bueno a lo consensuado y votado en el Parlamento.

La agenda de la primera ministra estuvo al completo ayer, ya que tras reunirse con Corbyn, hizo lo propio con los ministros principales de Escocia (Nicola Sturgeon) y Gales (Mark Drakeford).

Guerra de guerrillas
El día no había comenzado bien para May, que había tenido que soportar otras dos dimisiones en el seno de su Gobierno. La primera de ellas la del secretario de Estado para Gales, Nigel Adams y a media mañana la del secretario de Estado para el Brexit, Chris Heaton-Harris (con esta última renuncia son ya 8 cargos ministeriales, entre ellos dos ministros, los que han dimitido de sus funciones en los 33 meses que lleva este departamento en funcionamiento).

Mientras, en el Parlamento, un grupo de diputados trataba de sacar adelante una ley que obligue a Theresa May a pedir esa prórroga y obligar al Gobierno a abandonar la idea de salir sin acuerdo el próximo 12 de abril. Una iniciativa que se inició ayer y que si es aprobada deberá ser ratificada por los Lores. Ayer comenzó la primera fase de ese proceso con el que los diputados intentan incluir esa premisa en la legislación vigente y obligar por ley a la primera ministra a cumplirla.

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