Amoedo reclama multas para obligar a las administraciones a cumplir las resoluciones de la Comisión de Transparencia

EUROPA PRESS

  • El Comisionado de Transparencia de Castilla y León, Javier Amoedo, ha reclamado multas para obligar a las administraciones a cumplir las resoluciones que en esta materia dicta la Comisión creada a tal fin y la cual preside.

Amoedo se ha expresado así en el marco de su comparecencia en la Comisión de Relaciones con el Procurador, donde ha presentado la primera memoria del Comisionado de Transparencia, correspondiente a 2016.

El Comisionado y también Procurador del Común considera que sería conveniente dotar de medios jurídicos a la Comisión para que las administraciones tuvieran que cumplir de manera “forzosa” las resoluciones adoptadas, algo de lo que también ha responsabilizado a los grupos políticos, ya que considera que ellos tienen la posibilidad de hacer cumplir a las administraciones que gobiernan las resoluciones de las instituciones a las que representa.

Amoedo ha manifestado así la falta de colaboración que ha observado de las diferentes administraciones a la hora de cumplir con lo que se les ha solicitado y de devolver los cuestionarios enviados a una muestra de más de 5.000 entidades que observa en materia de transparencia, un “elevado número”, que tienen la obligación de cumplir unas resoluciones “ejecutivas”, a diferencia de las del Procurador.

Como ejemplo de las conclusiones obtenidas según los cuestionarios con los que han trabajado, el Comisionado ha señalado que la mayoría de administraciones y entidades muestran una percepción de un mayor cumplimiento de lo relacionado con la transparencia de lo que aprecia un observador externo y en la mayoría de los casos se pueden hacer mejoras.

Javier Amoedo ha calificado de “positivo” el balance del primer año de trabajo, sobre todo si se considera que todos los inicios son “difíciles” y por ello trabajan en mejorar su actuación diaria con el ánimo de servir al amparo de los ciudadanos cuando entienden que su derecho a la información puede verse vulnerado por entidades o administraciones públicas.

MÁS MEDIOS

En el marco de la Comisión, el procurador del Grupo Parlamentario Socialista Jesús Guerrero ha asegurado que es “físicamente imposible” que se este órgano pueda realizar sus funciones con los medios y recursos con los que dispone y ha afirmado que “a sabiendas” se ha encargado una “misión imposible”.

En este sentido, ha culpado de estas “graves limitaciones” y esta falta de herramientas a la Ley de Transparencia, que prohíbe el incremento de recursos para esta comisión que se encarga de supervisar a más de 5.000 entidades o administraciones.

Asimismo, ha censurado la falta de colaboración de los instituciones a los que se ha pedido colaboración mediante el cuestionario y ha incidido en que hay provincias en las que ninguna ha colaborado.

Incluso Guerrero censuró que tampoco haya colaborado la Federación Regional de Municipios y Provincias, que no ha enviado el cuestionario solicitado o dos de las cuatro universidades públicas. Por ello, considera urgente que se modifique la ley para que cuente con medios suficientes en “un momento en el que las exigencias de transparencia son constantes”, remarcó.

Por su parte, el procurador de Podemos Ricardo López Prieto ha señalado los desafíos a los que se enfrenta el Comisionado desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y ha censurado que su desarrollo haya dejado “huérfano” el derecho de acceso a la información.

En esta línea, también ha puesto de manifiesto la limitación de medios personales y materiales que tiene este órgano, algo que se hace patente de manera legal en esta normativa.

Por otro lado, el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado ha puesto de manifiesto que la memoria incide en la dificultad que tiene la administración local para cumplir con la transparencia, sobre todo los ayuntamientos pequeños, aunque haya una mayor concienciación a este respecto.

Sin embargo, a pesar de que ello las administraciones cuentan con los mismos recursos, en caso de ayuntamientos pequeños incluso secretarios que van unas horas, por lo que ha pedido que “de una vez por todas” se lleve a cabo la demandada reforma de las administraciones públicas que permita dotar de medios necesarios porque de poco vale la “buena voluntad”.

MEMORIA

La Comisión de Transparencia recibió 102 reclamaciones en 2016 frente a denegaciones expresas o presuntas de solicitudes de información pública dirigidas por los ciudadanos a administraciones y otras entidades de Castilla y León de las que más de un 70 por ciento se presentaron frente ausencias de respuesta a peticiones de información.

En concreto y según consta en la primera Memoria del Comisionado relativa al año 2016, la administración local es a la que corresponde un mayor número de reclamaciones (un 72 por ciento de las recibidas) mientras que un 14 por ciento de las reclamaciones se interpusieron frente a la actuación de la Administración autonómica.

Además, en 66 de esas reclamaciones se ha adoptado algún tipo de resolución por la Comisión; 40 de ellas han sido estimadas, total o parcialmente, y por tanto se ha ordenado a la administración o entidad afectada que proporcionase la información solicitada en cada caso y en ocho más se ha constatado que, una vez presentada la reclamación por el ciudadano e iniciada la tramitación de la reclamación por la Comisión, la administración ha procedido a conceder la información solicitada.

En la Memoria presentada se incluye un resumen de los criterios utilizados por la Comisión para resolver las reclamaciones, en materias como el acceso a la información relacionada con los empleados públicos, los datos relativos a actuaciones inspectoras o sancionadoras llevadas a cabo por la Administración, la información urbanística o el acceso al contenido de los acuerdos de las corporaciones locales.

MÁS RECLAMACIONES

Javier Amoedo también ha detallado que a falta de cuatro meses para que finalice el año, la Comisión de Transparencia ha recibido 34 reclamaciones más que en 2016 (un 33 por ciento más) y se han superado en 30 las resoluciones adoptadas.

El Comisionado considera que es un “notable” incremento de la actividad en este año, cuando el cumplimiento de las resoluciones adoptadas alcanza el 70 por ciento.

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