De Lara basa la orden de alejamiento a los dueños en el “riesgo grave” para la perra y critica la labor policial

EUROPA PRESS

  • La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, se ha basado en el “riesgo grave” existente para el animal para dictar una orden de alejamiento contra los dueños de una perra a la que supuestamente una pareja habría arrojado al vacío desde un piso en Camiño Real, en la capital lucense, y en cuyo caso también ha criticado la labor de la Policía Local.

Los dueños de la perra están siendo investigados por un supuesto delito de maltrato animal y tienen una orden de alejamiento de una distancia mínima de 500 metros animal, que está tutelado por la Sociedad Protectora de Animales de Lugo.

Tal y como recoge el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos sucedieron el pasado 1 de noviembre, cuando la perra se precipitó desde una vivienda en Lugo y quedó malherida. El caso está en fase de instrucción, toda vez que Pilar de Lara trata de esclarecer si fue un accidente o el animal fue lanzado al vacío de forma deliberada.

En su escrito, la jueza recuerda que el animal, que pertenece a una pareja de “ocupas”, no tiene microchip ni consta inscrita en el Registro municipal, así como carece de cartilla de vacunación. Como resultado de la caída, la perra resultó “malherida y con fractura de ambos fémures”.

Fue un viandante el que se encontró con el animal en la vía pública y avisó a la Policía Local que, según consta en el auto, se “limitó” a dar aviso a la protectora de animales de Lugo para trasladar a la perra al Hospital Veterinario Rof Codina.

Tras dos horas en el hospital, se personaron en el centro los dos investigados, que exigieron la devolución del animal y se lo llevaron del centro a pesar de “la recomendación de hospitalización y tratamiento quirúrgico” que se preveía “indispensable” para la perra.

Ante esto, Pilar de Lara considera que existen dos hechos a investigar, por una parte si la caída de la perra fue accidental o provocada y, por otro, la retirada del animal del hospital contra el criterio de los veterinarios.

CRÍTICAS A LA POLICÍA LOCAL

En el auto, la jueza explica que conoció el caso a través del diario El Progreso, del que elogia su información, así como por las manifestaciones de vecinos a través de las redes sociales.

En el texto, entre otras cuestiones, carga con la labor de la Policía Local y del Ayuntamiento de Lugo, a los que afea que, tras encontrar el animal herido, no realizasen diligencias más intensas o no ordenasen la retirada administrativa del mismo a sus dueños.

Así, apunta que la Policía Local desplazada a la zona, en base a sus “competencias”, debería “no solo haber instruido las correspondientes diligencias, a fin de averiguar la posible causa de precipitación del animal, identificar a sus poseedores y localizar y tomar declaración a los testigos, si no también, en su caso, adoptar las medidas cautelares de protección del animal”.

En este sentido, y para ordenar la retirada judicial del animal a sus dueños, Pilar de Lara recuerda que los propios agentes policiales deberían haber sido los que “adoptasen medidas cautelares o preventivas” para garantizar la “preservación de los derechos de vida y salud de la perra”, ordenando su “confiscación” cautelar.

Aunque la magistrada lamenta que no exista legislación concreta que ampare estas medidas en el ámbito animal, recuerda que existe un “riesgo grave y serio” para la vida del animal, que es necesario garantizar la “tutela judicial efectiva” del mismo y que deben “conservarse las pruebas” de cara a un futuro juicio.

Por ello, ordena la confiscación del animal, ahora bajo la tutela de la Protectora de Lugo, y dicta una orden de alejamiento de sus dueños para evitar que se produzcan casos como el vivido en el Rof Codina, donde fue necesaria la intervención policial en una segunda ocasión para evitar que los investigados se llevasen al animal. Según esto, no podrán acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse con sus detentadores.

EL MALTRATO ANIMAL, “DEPLORABLE”

En el auto, Pilar de Lara hace una disertación sobre el fenómeno de la violencia en la sociedad actual y considera que el maltrato animal es “una de las más deplorables y despiadadas caras que es capaz de mostrar la violencia”.

“Quien desprecia la vida hasta el punto de maltratar o abandonar a un animal, habitualmente, también despliega su instinto agresivo contra una mujer, los hijos, menores, ancianos, sus vecinos o contra otros ciudadanos a los que considera inferiores”, recoge el auto.

A pesar de ello, la magistrada ve “indiscutible” el “escaso interés que hasta el momento se ha demostrado en España por el bienestar animal” y califica el panorama de “desolador”.

“El creciente rechazo ciudadano al maltrato animal no se ve respaldado por un sistema legal que resulte operativo”, dice la magistrada, que reconoce que en este caso pesó más la denuncia social y los medios de comunicación que “la propia actuación administrativa y policial”.

Además de reclamar una ley estatal que unifique las normativas comunitarias y de sugerir su introducción en una posible reforma constitucional, para De Lara “clama al cielo que todavía” en determinados ámbitos “se siga cosificando y mercantilizando con los animales” y “negándoseles su condición de seres vivos y sintientes, lo mismo que en su momento se negaba a los esclavos y a las mujeres”.

Del mismo modo, la jueza aprovecha para criticar que se protejan “espectáculos cruentos y festejos populares” que “ocasionan sufrimiento animal” amparándose en “conceptos sagrados como los de arte, cultura y tradición”.

DUDAS SOBRE EL CASO

La investigación, recuerda la magistrada, pretende aclarar si la perra fue arrojada al vacío por sus dueños o se precipitó sola, algo sobre lo que todavía quedan dudas.

De hecho, Pilar de Lara afea que la versión policial se base únicamente en las declaraciones de los dueños y en una supuesta testigo de la que duda de su credibilidad por su relación personal con los investigados. “La instructora no tiene en absoluto claro, ni siquiera, el lugar desde el cual se precipitó el perro al vacío”, apunta.

En este sentido, De Lara incide en las contradicciones de los investigados, que no supieron decir “el piso en el que residían” como ocupas ni “la procedencia de la perrita”, así como si poseían otros animales.

No obstante, e “independientemente de la causa de precipitación”, De Lara cree que el comportamiento de la familia propietaria “resulta altamente sospechoso”, toda vez que “requirieron su devolución al hospital”.

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