Junta defiende que su decreto de alojamientos turísticos “no vulnera la legalidad” y “no perjudica a nadie”

EUROPA PRESS

  • La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha defendido la legalidad del decreto regional sobre alojamientos turísticos después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya interpuesto recurso contencioso-administrativo contra los decretos tanto de esta comunidad como de Galicia, al considerar que la legislación aprobada en dichas autonomías es contraria a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Marcos ha sostenido que la norma aprobada “no vulnera la legalidad” y “no perjudica a nadie”, al tiempo que ha defendido que “beneficia a los usuarios”.

Por ello, ha asegurado que el Gobierno castellanoleonés defenderá su postura ante los tribunales, después de que la CNMC afirmara estar legitimada para impugnar ante los tribunales las disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.

Con objeto de mejorar la norma evitando la impugnación, el organismo encargado de velar por la competencia remitió el pasado 7 de abril sendos requerimientos previos a la Xunta de Galicia y a la Junta de Castilla y León.

En dichos requerimientos se argumentaban los diversos artículos contrarios a la competencia y a la regulación económica eficiente tanto

en el Decreto 12/2017, de 26 de enero, que establece la ordenación de viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia, como del Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León.

Entre los obstáculos “injustificados” impuestos por la norma de Galicia destacan la obligatoriedad de ceder la vivienda en su totalidad, la limitación del alquiler a tres meses, la exigencia de un catálogo de requisitos técnicos y servicios mínimos a incluir en el alquiler (apartamentos y viviendas turísticas).

También el que los ayuntamientos puedan limitar el número de viviendas, la prohibición de cesión de habitaciones, la imposición de cargas a la declaración responsable y la obligatoriedad de contar con unos requisitos y servicios mínimos (viviendas de uso turístico).

CASTILLA Y LEÓN

En el caso de Castilla y León, se solicita al tribunal que elimine por injustificados y perjudiciales a la competencia la inclusión de los precios en catálogos, directorios, guías o sistemas informáticos; la posible intervención de la Administración para realizar recomendaciones de precios que pueden ser empleados como precios de referencia, además de la existencia de un catálogo exhaustivo de requisitos técnicos y servicios mínimos, la exigencia de un distintivo en el inmueble, la obligatoriedad de asistencia telefónica 24 horas (sin permitir vías alternativas de atención a los usuarios), la prohibición de cesión por habitaciones y la fijación de criterios temporales para limitar la estancia.

Con los requerimientos de abril se pretendía argumentar la necesidad de mejorar las normas y evitar la vía contencioso-administrativa. En el tiempo transcurrido entre los requerimientos y la interposición efectiva del recurso judicial, los gobiernos Autonómicos de Galicia y de Castilla y León pudieron mejorar o anular las restricciones injustificadas puestas de relieve por la CNMC, en beneficio de los consumidores y usuarios. Al no haberse realizado, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha procedido a interponer los oportunos recursos contencioso-administrativos dentro del plazo señalado por la ley, en julio 2017.

Las acciones referidas se ejercen en virtud de la legitimación activa reconocida a la CNMC en el artículo 5.4 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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