La entrega y juicio solo por malversación podrían acarrear una pena de cárcel de hasta 12 años para Puigdemont

MIRENTXU MARIÑO

  • —se aprobó para acortar plazos y que fuera urgente—, se aplica exclusivamente dentro de la UE y se cursa siempre de juez a juez, es decir, los Gobiernos no intervienen.

    Antes de iniciar cualquier trámite, tiene que cursarse una orden de detención internacional. Una vez detenida, la persona declara ante el juez a los efectos de identificarse y de que se expliquen las razones de su arresto. Después, comienza de verdad el proceso, que en Alemania recae en la justicia del estado federado donde se produce el arresto.

    Los 32 delitos de la lista

    Si los delitos por los que se reclama a la persona están en la lista específica de 32 que detalla la norma, la entrega es casi automática. El juez Llarena ha procesado “en rebeldía” a Puigdemont por rebelión y malversación en la causa del procés, pero ninguno de los dos delitos está en esa lista. Sin embargo, el magistrado marcó la casilla de “corrupción” en el documento que envió a Alemania.

    Si los delitos no están en la lista, el juez del país que debe ejecutar la euroorden tiene que comprobar que los hechos que se atribuyen a la persona sean allí constitutivos de delito, independientemente de cómo los haya calificado el juez que pide la entrega. En este caso, el tribunal alemán considera que la violencia que pudo darse no fue desmedida, o no tanto como para hacer que se llegara a una situación de doblegación de la voluntad de los “órganos constitucionales”.

    Así, de cara a seguir con el caso, los jueces han descartado la rebelión (hasta 25 años de cárcel en España) y se quedan con la malversación de caudales públicos (hasta 12 años); la Fiscalía germana no tiene margen legal para recurrir esto. Si el tribunal decide, finalmente, entregar a Puigdemont por malversación, solo se le podrá juzgar en España por eso. Es por el llamado “principio de especialidad”.

    La malversación se castiga en el Código Penal español con una pena de prisión de 2 a 6 años. No obstante, si “el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros”, dice la ley, la pena puede subir hasta los 12 años de prisión. El juez Llarena explicó en su auto de procesamiento que la cantidad malversada en el procés ascendió a 1,6 millones.

    Además de todo lo anterior, hay que tener en cuenta:

    – El procesamiento aún no es firme. El auto del juez Llarena se puede recurrir, y así lo han hecho Puigdemont y otros encausados. Tampoco, por tanto, se ha dictado todavía la apertura de juicio oral ni la Fiscalía ha formulado acusación de forma definitiva. El caso será juzgado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

    Los plazos. La justicia alemana tiene dos meses, ampliables a tres, para resolver de forma definitiva sobre la entrega, a contar desde la detención. Una vez tomada la decisión, hay 20 días de plazo, como máximo, para la entrega. Si Puigdemont hubiera estado de acuerdo con la entrega desde el principio, esta se habría producido en diez días.

    La entrega de Puigdemont a España puede no producirse. En primer lugar, el tribunal alemán aún no ha decidido si lo va a entregar. En segundo lugar, el juez Llarena podría incluso retirar la euroorden (ya lo hizo una vez), habida cuenta de que Puigdemont ya no va a ser entregado por el delito mayor, que es el de rebelión. En ese caso, Puigdemont quedaría en libertad de nuevo y podría seguir moviéndose por Europa. También pesaba sobre él una orden de detención nacional.

    Dudas. La decisión del tribunal alemán de descartar la rebelión siembra dudas sobre el futuro del proceso judicial en España, ya que, por ejemplo, Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat, hoy por hoy, sí podría ser juzgado por rebelión, mientras que el presunto cabecilla del procés (Puigdemont), no. Lo mismo ocurre con otros procesados.

    Los otros huidos. A 13 de los 25 procesados en la causa se les achaca el delito de rebelión; 4 de esos 13 están fuera de España. Además de Puigdemont, son Marta Rovira (Suiza), Toni Comín (Bélgica) y Clara Ponsatí (Reino Unido). Para la primera habría que cursar una extradición; para los otros dos ya hay cursadas sendas euroórdenes. La defensa de Puigdemont cree que estos tres casos discurrirán de forma similar al del expresident.

    Sedición o rebelión. La juez Lamela de la Audiencia Nacional decidió el jueves procesar, entre otros, al exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición. Pero no por rebelión, como pretendía la Fiscalía, que intentó que esta causa pasara también al Supremo.

    – La normativa europea (artículo 27) abre la puerta a que la persona entregada pudiera ser condenada posteriormente, en otro juicio, por hechos diferentes a los que motivaron su entrega -anteriores a esta-. Pero habría que ver si sería posible juzgar a Puigdemont una segunda vez por los mismos hechos, sobre todo si, como ha determinado la justicia alemana, no serían constitutivos de un delito atribuible al expresident.

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