Los servicios policiales de vigilancia en los centros educativos se redujeron en un 79% en tres años en Asturias

EUROPA PRESS

  • Los servicios de vigilancia que la Policía Nacional realiza en los centros educativos, especialmente a la entrada y salida de los alumnos, se han reducido en los últimos tres años un 79 por ciento, según los datos facilitados por el Gobierno, en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado socialista Miguel Ángel Heredia. En Asturias, el porcentaje de reducción ha sido el mismo, pasando de de 2.818 a 595 servicios.

Dichos datos, recogidos por Europa Press, señalan que en 2014 se realizaron 91.039 servicios de este tipo, una cifra que cayó hasta los 66.990 en 2015 y un año más tarde hasta los 58.639. Esta cifra tampoco se mejoró en 2017, en donde los números reflejan un total de 50.616 servicios.

Tras recibir esta respuesta del Ejecutivo, Heredia ha denunciado lo que considera un “brutal” recorte por parte del Gobierno del PP. En concreto, se refiere al Plan para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, por el que se iniciaron estos servicios.

El diputado destaca a Andalucía como la comunidad que ha sufrido el mayor recorte en términos absolutos, pasando de los 26.915 servicios realizados por policías nacionales en 2014 a 13.508 en 2017.

También resaltan en la tabla facilitada por el Ejecutivo las cifras de Baleares, con un recorte del 80%; pasando de 6.508 servicios a 1.249; seguido de Asturias, con un descenso del 79%, pasando de 2.818 a 595, y de Canarias, con una bajada de 64%, pasando de 12.093 a 4.371.

“TRANQUILIDAD PARA LAS FAMILIAS”

En el otro extremo se encuentra Extremadura, donde apenas hubo recorte. De hecho, se pasó de 1.690 en 2014 a 1.686 en 2017; Murcia, donde se pasó de 2.421 a 2.137, y cabe destacar asimismo Castilla y León, donde la variación fue de 9.313 servicios en 2014 a 8.260 en 2017.

El Plan para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos es “fundamental para la tranquilidad de las familias y de los escolares”, según señala Heredia, que ve necesario “destinar los agentes de policía nacional necesarios para garantizar la convivencia y la seguridad en los centros educativos”, fundamentalmente durante la entrada y salida de los alumnos, los periodos de recreo y actividades extraescolares, así como la existencia de posibles puntos de tráfico minorista en el entorno de los centros.

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