Ramírez Sunyer, de juez condecorado por el Govern a azote del referéndum del 1-O

EFE / 20MINUTOS.ES

  • El magistrado, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, ha muerto a los 71 años.

Juan Antonio Ramírez Sunyer, el juez al que el independentismo convirtió en su bestia negra por ordenar la detención de cargos del Govern claves en los preparativos del 1-O, ha muerto este domingo a los 71 años tras una larga enfermedad que padecía.

Ingeniero sin afiliación a ninguna asociación judicial, fue condecorado en 2016 por la Generalitat en el Dia de les Esquadres de los Mossos.

Ramírez Sunyer se enroló en la carrera judicial cuanto tenía 44 años, tras aprobar las oposiciones, y fue juez en Terrassa, Sant Boi y Badalona (Barcelona) hasta recalar en 2013 en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le había concedido recientemente exclusividad para investigar la causa del 1-O.

Azote del independentismo

Ramírez, un juez que durante años pasó desapercibido para los medios y al que los abogados que lo han tratado tildar de discreto, saltó a las portadas por lanzar la operación que el 20 de septiembre de 2017 desplegó la Guardia Civil contra altos cargos del Govern responsables de los preparativos del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).

Visto desde entonces como azote del independentismo, comenzó a investigar en febrero de 2017 los preparativos del referéndum porque, por orden de reparto, asumió una denuncia contra el exsenador de ERC Santi Vidal por afirmar que el Govern tenía “camuflada” una partida de 400 millones de euros para organizar la consulta.

Menos de un año antes, en abril de 2016, Ramírez Sunyer recibía una de las condecoraciones que los Mossos d’Esquadra conceden con motivo del Dia de les Esquadres y que suelen distinguir a jueces y fiscales que hayan destacado por alguna operación policial relevante.

Y eso que, en 2015, el juez había admitido a trámite una querella que una asociación había presentado contra el entonces director de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, por no impedir una pitada al himno nacional en el Camp Nou, denuncia que también se dirigía contra el expresidente catalán Artur Mas y que acabó archivando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuando le llegó a las manos.

Por otras de sus resoluciones, Ramírez Sunyer estuvo en el punto de mira de los grupos antisistema y los movimientos sociales, especialmente cuando en mayo de 2014 dictó prisión provisional para un “casteller” detenido por los incidentes de Can Vies que, meses después, acabó siendo absuelto.

También en octubre de 2005, el juez envió a prisión a dos jóvenes acusados de haber atacado con cócteles molotov una comisaría del barrio barcelonés de Sants y que, como en el caso del “casteller” de Can Vies, acabaron siendo absueltos, pese a lo cual provocó protestas entre sectores antisistema.

De hecho, un grupo anarquista autodenominado ‘Las Brigadas de la Cólera’ reivindicó en 2006 el envió de una carta bomba dirigida a Ramírez Sunyer, que fue desactivada por los Mossos d’Esquadra en la oficina de Correos.

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