Unanimidad para una financiación autonómica suficiente para Aragón y que ninguna CCAA pierda sobre la actual

EUROPA PRESS

  • El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado, por unanimidad, el dictamen de la Comisión especial de estudio sobre el nuevo sistema de financiación autonómico, que, entre otras cosas, reclama asegurar el mantenimiento del ‘status quo’ para que ninguna Comunidad “pierda respecto al sistema vigente”, así como una financiación suficiente para un territorio aragonés “disperso y envejecido”.

La coordinadora de la ponencia y diputada del Partido Aragonés (PAR), Elena Allué, ha subrayado el “esfuerzo de todos” los grupos, que “hemos aportado una visión de conjunto insustituible”, para llegar a este consenso, “indispensable” para “elevar una sola voz aragonesa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)” y así “asegurar la financiación del sistema del bienestar en Aragón”.

En total, la comisión especial ha celebrado siete comparecencias de expertos y 19 reuniones desde su constitución el pasado 27 de febrero y entre sus conclusiones se encuentran que ninguno de los sistemas que han existido hasta ahora han financiado correctamente el total de las competencias autonómicas, en particular el vigente, de 2009, que ha dado cada vez menos recursos a las Comunidades de régimen común.

Esto hace que haya una insuficiencia de recursos, que hay que corregir tanto al inicio del nuevo sistema, como en su evolución futura, ya que el actual ha producido desequilibrio vertical a favor del Estado, que ha dispuesto de más financiación y que ha perjudicado al conjunto de Comunidades autónomas, señala el dictamen.

El documento aboga, en este sentido, por asegurar que todos los niveles de gobierno dispongan del mismo grado de cobertura durante toda la vigencia del sistema. Además, defiende dar más peso en el cálculo del reparto de fondos al esfuerzo fiscal, estructura territorial y de población, envejecimiento, dispersión, baja densidad de población y el sobreenvejecimiento.

Además, las Cortes proponen simplificar y reducir los fondos y crear un fondo de reserva para las Comunidades, en el que también contribuyan País Vasco y Navarra; que las entregas a cuenta se hagan al cien por cien de la previsión y en el segundo semestre del año -no dos años después-, así como un acuerdo bilateral Aragón-Estado, dentro del régimen común, y la creación de una agencia tributaria en desarrollo del Estatuto de Autonomía.

El texto también defiende mejorar la capacidad tributaria de las Comunidades y para eso integrar el impuesto de Patrimonio en el IRPF y que hay una horquilla de mínimos y máximos para el de Sucesiones, incluidos País Vasco y Navarra, hasta que se tome en consideración la nueva reforma, un tramo autonómico del IVA, y una ley marco sobre los impuestos ambientales.

NEGOCIACIÓN ENTRE COMUNIDADES

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha explicado que esta “no va a ser una negociación entre partidos, sino entre Comunidades, de ahí la importancia de este dictamen”. Ha esgrimido que hasta ahora “ningún sistema ha sido bueno para las Comunidades”, siendo el “peor” el actual, en el que perdieron peso la superficie, dispersión y baja densidad. Ha añadido que introducen como novedad incrementar el peso del sobreenvejemiento y homologar una cartera de servicios básicos en toda España.

El parlamentario del PSOE, Darío Villagrasa, ha comentado que ahora “tenemos un sistema que no es del todo transparente” y ha apostado por que el nuevo “sea comprensible para los ciudadanos”, una financiación que tenga en cuenta el coste de los servicios en cada Comunidad y “poner más dinero en el sistema”, con “una armonización en instrumentos y herramientas fiscales para las Comunidades”, dotándoles de “la mayoría de edad”.

La diputada de Podemos, Marta de Santos, ha dicho que el nuevo sistema ha de “asegurar la igualdad y el blindaje de los servicios públicos esenciales” y la “dispersión, envejecimiento y geografía de Aragón deben formar parte de los cálculos” porque “la despoblación debe ser cuestión de Estado e incluirse la dependencia”, teniendo como criterio la “suficiencia” financiera, “trabajar el equilibrio entre Administraciones” y “avanzar en la bilateralidad manteniendo el ‘status quo'”.

La diputada del PAR, Elena Allúe, ha defendido también ese convenio bilateral que “compense las carencias” de Aragón fruto de sus “peculiaridades” ya que esta Comunidad está “infrafinanciada”, así como “no recibir menos” que en la actualidad, para reconocer que la coyuntura nacional “supone que la negociación va a ser complicada” y requiere contar con “más recursos”. También ha pedido al Gobierno autonómico que “pelee” este dictamen en el CPFF.

El parlamentario de Ciudadanos, Javier Martínez, ha considerado que el nuevo sistema ha de garantizar que “los derechos de los que disfrutan los ciudadanos sean iguales en todo el territorio” y que “Aragón no salga perdiendo”, un “objetivo sencillo”, pero con “soluciones complejas” y diversas que al final requerirán de una “decisión política” y de ahí “la importancia de que el Gobierno autonómico vaya respaldado con una posición unánime de las Cortes”.

El diputado de CHA-Grupo Mixto Gregorio Briz, ha sostenido que las Comunidades “tenemos el mayor gasto y sin embargo menos ingresos” y en el caso de Aragón es preciso “mejorar su financiación”, entre otras cosas “poniendo en marcha” los artículos del Estatuto de Autonomía que le permiten tener un convenio bilateral complementario del régimen común y una agencia tributaria.

CARTV

En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado por asentimiento el nombramiento de Pablo Lázaro como consejero del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) en sustitución de Juan Campo Ara, tras haberse cumplimentado los trámites previstos, incluido el de audiencia en la Comisión Institucional de las Cortes.

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